Retribución de los administradores: Sociedades no cotizadas vs. sociedades anónimas cotizadas

La Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) establece en materia de retribución del órgano de administración un régimen general aplicable a todo tipo de sociedades de capital (artículos 217 a 219 y 249 LSC), y un régimen especial para las sociedades anónimas cotizadas (artículo 529 apartados sexdecies a novodecies LSC), que son aquellas sociedades anónimas cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario oficial de valores (artículo 495.1 LSC).

De la aplicación de ambos regímenes (ie. el general y el especial) se deducen las siguientes principales diferencias en materia de retribución de los órganos de administración entre las sociedades no cotizadas y las sociedades anónimas cotizadas:

  1. En las sociedades no cotizadas, el cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario (artículo 217.1 LSC). En las sociedades cotizadas, por el contrario, el cargo de consejero será necesariamente retribuido, salvo disposición contraria de los estatutos (artículo 529 sexdecies LSC).
  2. En ambos tipos de sociedades, el importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá ser aprobado por la junta general. No obstante, en las sociedades no cotizadas permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación (artículo 217.3 LSC), mientras que en las sociedades cotizadas ha de aprobarse por la junta general al menos cada tres años como punto separado del orden del día (artículo 529 novodecies.1 LSC).
  3. En las sociedades cotizadas, el consejo de administración debe constituir una comisión de retribuciones (artículo 529 terdecies.2 LSC) que, entre otras, tendrá la función de proponer al consejo de administración la política de retribuciones de los consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del consejo, de comisiones ejecutivas o de consejeros delegados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos, velando por su cumplimiento (artículo 529 quindecies.3.g) LSC). En las sociedades no cotizadas, no es obligatorio constituir la referida comisión de retribuciones.
  4. En ambos tipos de sociedades se requiere que cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, se celebre un contrato entre éste y la sociedad que (a) deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros e (b) incorporarse como anejo al acta de la sesión (artículo 249.3 LSC). No obstante, en las sociedades cotizadas los estatutos sociales sólo tienen que contemplar la retribución de los consejeros por su condición de tales (ie. funciones deliberativas) y no la retribución de los consejeros por el desempeño de funciones ejecutivas, la cual tiene que estar regulada en el contrato al que hace referencia el artículo 249.3 LSC y respetar la política de remuneraciones de los consejeros aprobada por la junta general. Por su parte, en las sociedades no cotizadas la cuestión no es pacífica y la discusión está servida entre los defensores de que la reserva estatutaria es sólo para la retribución de los administradores por su condición de tales y aquellos que defienden que los estatutos sociales deben contemplar cualquier tipo de retribución que perciban los administradores. Dicha discusión doctrinal ha trascendido, como no podría ser de otro modo, a los órganos administrativos y judiciales que se han pronunciado sobre este particular. Así, el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona, en su sentencia de fecha 27 de noviembre de 2015, ha considerado que es ilegal dejar la retribución de los consejeros ejecutivos al contrato, sin respetar la reserva estatutaria, mientras que la Dirección General de los Registros y del Notariado en su resolución de fecha 17 de junio de 2016 considera que, después de las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de Capital por la  Ley 31/2014, de 3 de diciembre, conceptualmente, deben separarse dos supuestos: (a) el de la retribución de funciones inherentes al cargo de administrador, la cual debe constar siempre en los estatutos, y (b) el de la retribución de funciones extrañas a dicho cargo como pueden ser las funciones ejecutivas, la cual no es propia que conste en los estatutos, sino en el contrato al que se refiere el artículo 249.3 LSC.

 

Septiembre 2016
© 2016 José Luis Vecilla Camazón. Todos los derechos reservados

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